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Obras son amores y no planes nacionales de desarrollo o programas sectoriales. Si queremos evaluar la política del gobierno de Felipe Calderón hacia el campo con base en los discursos, como el Plan Nacional de Desarrollo 2007-12, nos perderíamos en la palabrería.

FOTO: Presidencia de la República

Porque el calderonismo en el campo sólo se puede apreciar en las decisiones tomadas en coyunturas o ante problemas estructurales.

1. La crisis de la tortilla. Es el primer desafío de Calderón en materia agroalimentaria: al incrementarse el precio del maíz, no sólo por la producción internacional de etanol o el mayor consumo de algunos países, sino, y sobre todo, por las exportaciones sin control de maíz blanco por parte de Cargill y Maseca, el nuevo gobierno sale chamaqueado por estos oligopolios: mediante un pacto con ellos y algunos productores, de hecho se le aumenta el precio a los consumidores. Decide acudir a las importaciones del grano, y no a un sólido programa de estímulo a la producción nacional, comercialización, abasto y fortalecimiento de la cadena maíz-tortilla. Ninguna protección para los consumidores, ni para los industriales de la tortilla, desorden en los apoyos a los productores maiceros.

2. El cultivo de transgénicos. El gobierno federal no sólo actuó tardíamente ante la siembra de maíz transgénico en Chihuahua, no sólo dejó que el secretario de Agricultura hiciera apología de las semillas genéticamente modificadas, sino que acaba de elaborar un reglamento de bioseguridad al gusto de las trasnacionales. Según Greenpeace y varios especialistas, el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados se centra en dar respuesta a las corporaciones para sus trámites de siembra de transgénicos, y abdica de su obligación –a favor de la industria biotecnológica– de efectuar el monitoreo y control de los posibles riesgos a la salud humana, al medio ambiente y a la diversidad biológica. Al mismo tiempo, abre la posibilidad de otorgar autorizaciones discrecionales a la siembra de maíz transgénico sin contar con el marco de seguridad completo.

“Estoy convenido de que un camino rural integrará a la gente con la civilización y de que una escuela cumple con el proceso de culturización para elevar la calidad y capacidad y conocimiento de los indígenas”. Así definió Luis H. Álvarez las líneas de su trabajo al frente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a unos meses de haber tomado posesión del cargo. Consciente o inconscientemente, pero el responsable de la política indigenista del gobierno panista estaba afirmando que los indígenas son incivilizados y que la única cultura posible es la de la competencia, la del mercado. Como en las primeras décadas del siglo pasado.

El tema del nuevo libro de Michael Pollan In Defense of Food (En defensa de los alimentos) es el abismo tecnológico hacia el que está siendo impulsada la humanidad, con su consentimiento tácito, por la dieta industrializada estadounidense. La crítica que hace Pollan de la industria alimenticia estadounidense y la plaga de obesidad, diabetes, males cardiacos, cáncer y muerte temprana de la que es en gran medida responsable, es comparable al trabajo de Rachel Caron como una contribución a la historia de la autodestrucción humana, pues los fabricantes de alimentos no hubieran podido hacer su trabajo sin nuestra complicidad, del mismo modo en que los contaminadores del ambiente no hubiera podido hacer el suyo. Incluso podríamos ir más lejos y afirmar que estas calamidades son por sí mismas el resultado de un fracaso de la especie, un desajuste evolutivo del cerebro humano implícito en el triunfo del ingenio sobre la sabiduría.

No es novedad que la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados se redactó a favor de las empresas trasnacionales de los transgénicos. Por eso se le conoce como Ley Monsanto. El 24 de marzo entró en vigor el reglamento de dicha ley, elaborado a puertas cerradas, que retoma y empeora todos los aspectos negativos de la ley, para facilitarle a las trasnacionales los trámites para vender sus semillas transgénicas en el país, legalizando así la contaminación.

Como señaló Alejandro Nadal, si un agricultor sufre daños por contaminación, no tendrá ninguna defensa para exigir reparación por daños (La Jornada, 26/10/2008). Aún peor: las víctimas de la contaminación podrían ser demandadas por las empresas por “uso indebido” de sus genes patentados, tal como ya ha ocurrido en cientos de casos en Estados Unidos.